La educación es el pilar del desarrollo y de la identidad de las personas, de la sociedad y del país.
Ella involucra a múltiples actores para la creación, generación y transmisión de valores y saberes
sociales en diferentes ámbitos y niveles. Cuando sus fundamentos y ejercicio se basan en valores
democráticos, la educación es crucial para la defensa y promoción de los derechos inalienables
de las personas.
En 2006, a partir de movilizaciones que conmovieron al país, los estudiantes secundarios
pusieron en tela de juicio la LOCE y la mercantilización de la educación, así como las inequidades
sociales y políticas aún imperantes en nuestra sociedad. Los estudiantes abrieron una gran
expectativa en el país, instalando un valioso estilo participativo de hacer política pública en una
democracia y poniendo en el centro de su crítica una de las últimas leyes promulgadas por la
dictadura militar.
El unánime clamor ciudadano generado a partir del movimiento estudiantil, en orden a reformar
profundamente el actual sistema educativo y sentar de una vez por todas las bases de un sistema
fundado en la democracia, el respeto por las diferencias, la equidad en el acceso y la distribución
de la cultura y los aprendizajes –en una palabra: en el Derecho a la Educación- ha contrastado
con la forma en que se definieron los acuerdos cuando el Gobierno, de espaldas a las grandes
mayorías, convocó solamente a una reducida élite representada por la Concertación y la Alianza,
que expresan a los grandes grupos de poder para reformular el Sistema Nacional de Educación.
Rechazamos el actual proyecto de Ley General de la Educación (LGE) presentado por el
Ejecutivo en el Congreso Nacional por tres razones fundamentales: 1) porque excluye la amplia
participación de todos los actores involucrados en la educación, 2) porque ni sus orientaciones ni
sus normas recogen el amplio respaldo social del movimiento estudiantil para poner fin al lucro enla educación y 3) por cuanto deja incólumes e incluso perfecciona las condiciones
antidemocráticas impuestas desde la dictadura.
Ante esta grave y preocupante situación, un amplio espectro de organizaciones, instituciones y
personas destacadas hemos decidido crear la Asamblea por la Defensa del Derecho a la
Educación (ANDE).
Se trata de una tarea patriótica y urgente, a la cual convocamos a todos y todas quienes habitan
nuestro país, particularmente a los trabajadores y a aquellos actores vinculados al ejercicio de la
educación. Nuestro propósito es agrupar a todas las personas que se sientan comprometidas con
un proceso de resignificación democrática, pluralista y solidaria de una educación con sentido de
país, planteamiento en la que la educación pública como espacio no excluyente y democrático,
sea relevada por encima de una cuestionable libertad de escoger por medio de la cual el mercado
ha terminado reemplazando a la sociedad civil.
Nuestra primera actividad fue solicitar a la Presidenta de la República, el pasado Martes 18, el
retiro del proyecto de ley LGE, con el objeto de recoger los aportes fruto del debate democrático
de toda nuestra sociedad.
A los parlamentarios del Congreso Nacional y a todos los partidos políticos del país, les
extendemos un llamado a respaldar el ejercicio de este derecho patriótico, teniendo como única
limitación el interés nacional y el velar celosamente por la educación de Chile y su gente.
Ella involucra a múltiples actores para la creación, generación y transmisión de valores y saberes
sociales en diferentes ámbitos y niveles. Cuando sus fundamentos y ejercicio se basan en valores
democráticos, la educación es crucial para la defensa y promoción de los derechos inalienables
de las personas.
En 2006, a partir de movilizaciones que conmovieron al país, los estudiantes secundarios
pusieron en tela de juicio la LOCE y la mercantilización de la educación, así como las inequidades
sociales y políticas aún imperantes en nuestra sociedad. Los estudiantes abrieron una gran
expectativa en el país, instalando un valioso estilo participativo de hacer política pública en una
democracia y poniendo en el centro de su crítica una de las últimas leyes promulgadas por la
dictadura militar.
El unánime clamor ciudadano generado a partir del movimiento estudiantil, en orden a reformar
profundamente el actual sistema educativo y sentar de una vez por todas las bases de un sistema
fundado en la democracia, el respeto por las diferencias, la equidad en el acceso y la distribución
de la cultura y los aprendizajes –en una palabra: en el Derecho a la Educación- ha contrastado
con la forma en que se definieron los acuerdos cuando el Gobierno, de espaldas a las grandes
mayorías, convocó solamente a una reducida élite representada por la Concertación y la Alianza,
que expresan a los grandes grupos de poder para reformular el Sistema Nacional de Educación.
Rechazamos el actual proyecto de Ley General de la Educación (LGE) presentado por el
Ejecutivo en el Congreso Nacional por tres razones fundamentales: 1) porque excluye la amplia
participación de todos los actores involucrados en la educación, 2) porque ni sus orientaciones ni
sus normas recogen el amplio respaldo social del movimiento estudiantil para poner fin al lucro enla educación y 3) por cuanto deja incólumes e incluso perfecciona las condiciones
antidemocráticas impuestas desde la dictadura.
Ante esta grave y preocupante situación, un amplio espectro de organizaciones, instituciones y
personas destacadas hemos decidido crear la Asamblea por la Defensa del Derecho a la
Educación (ANDE).
Se trata de una tarea patriótica y urgente, a la cual convocamos a todos y todas quienes habitan
nuestro país, particularmente a los trabajadores y a aquellos actores vinculados al ejercicio de la
educación. Nuestro propósito es agrupar a todas las personas que se sientan comprometidas con
un proceso de resignificación democrática, pluralista y solidaria de una educación con sentido de
país, planteamiento en la que la educación pública como espacio no excluyente y democrático,
sea relevada por encima de una cuestionable libertad de escoger por medio de la cual el mercado
ha terminado reemplazando a la sociedad civil.
Nuestra primera actividad fue solicitar a la Presidenta de la República, el pasado Martes 18, el
retiro del proyecto de ley LGE, con el objeto de recoger los aportes fruto del debate democrático
de toda nuestra sociedad.
A los parlamentarios del Congreso Nacional y a todos los partidos políticos del país, les
extendemos un llamado a respaldar el ejercicio de este derecho patriótico, teniendo como única
limitación el interés nacional y el velar celosamente por la educación de Chile y su gente.